LA CÁRCEL: AUTORIDADES LOCALES FUERON RECIBIDAS EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

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El pasado jueves 20 de octubre, parte del gobierno de nuestra ciudad,  fue recibido en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en Buenos Aires. Estuvieron junto a las autoridades nacionales los concejales oficialistas Dr. Mario Gallará,  María Ángeles López y Pedro Guardamagna, el encargado de Prensa de la Municipalidad de Oliva, Lic. Esteban Mellano, uno de los dos concejales de la primera minoría, Dr. Octavio Ibarra, el concejal de la segunda minoría, Gabriel Devalis, el Tribuno de Cuentas de UCR, Cdor. Javier Rodríguez y el Vicepresidente de UCR circuito Oliva, Matías García. La audiencia comenzó a las 16 y 15 y fue gestionada por la UCR.
La comitiva de Oliva fue recibida por el Dr. Esteban Javier Conte Grand, actual Jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Dr. Esteban Mahiques, Jefe de Gabinete de Asesores de la subsecretaría de Relación del Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios.
Entre los aspectos salientes de la reunión, los funcionarios nacionales confirmaron «la existencia de un acuerdo total con el gobierno de la provincia de Córdoba, aunque el mismo no esté firmado, pero la cárcel en Oliva es un hecho, salvo que el Gobernador diga ahora que la provincia no la necesita». Hay que recordar que quien «dio a la luz» la instalación de la cárcel federal en Oliva fue el mismo Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación, Dr. Germán Carlos Garavano.
Asimismo pudo saberse que «fue el gobernador de la provincia de Córdoba, Cdor. Juan Schiaretti, quien solicitó un Servicio Penitenciario Federal, pero para ser construido en Bower», donde ya existe una cárcel provincial.
Conte Grand y Mahiques aseguraron «que fue la nación, quien una vez recibida la petición por parte de Córdoba, recorrió los terrenos y decidió, por razones operativas, que la cárcel se hiciera en Oliva».  Aquí, dicen, es mejor por la «accesibilidad al predio (salida directa a Autopista y Ruta 9), está en un mejor lugar, tiene mejores servicios y la superficie es más conveniente». No hay que perder de vista que es «un pedido de la provincia», aclararon los funcionarios.
En algunos días llegarían miembros del ICAP, Instituto de Capacitación, quienes a través del programa «Cárcel y Comunidad» dispondrán de un grupo de profesionales integrados por especialistas en temas económicos, psicología social y/o sociología y diferentes actores sociales, para que diserten e informen en nuestra ciudad: «puede ser en noviembre, diciembre, o cuando comiencen las obras, que es cuando más revuelo se genera». También – sugirieron los funcionarios nacionales- en ese momento debiera venir la gente de la provincia «porque nosotros podemos garantizar el funcionamiento del Servicio Penitenciario, pero lo que pase con los familiares afuera, es un tema de la provincia. Y el cambio se va a producir, demográficamente se va a modificar. Claramente van a necesitar más policías en la ciudad, pero eso no es nuestra competencia». 

Oliva va a cambiar «si hoy es una sociedad de 13 mil habitantes y vamos a construir una cárcel para 1000 presos, habrá 1000 trabajadores del servicio penitenciario, con un sueldo de más de 20 mil pesos, que influirán en el desarrollo demográfico y económico de la localidad. El tiempo de obra son unos 24 meses. Podemos priorizar la toma de mano de obra local. Eso se le puede pedir a la empresa constructora, pero uds. creo no van a tener para cubrir la demanda de puestos de trabajo.  Nosotros en este sentido podemos hacer un esfuerzo, pero no garantizarlo. Además, de los mil agentes, el 75 u 80 por ciento, puede aportarlos la ciudad, si los tuviese, eso si lo podemos garantizar».

Ante la pregunta puntual del Concejal Devalis: «Los agentes penitenciarios se tienen que capacitar en Buenos Aires?». La respuesta dejó abierta una puerta de marcado interés «Se podría armar una escuela de selección allá (por Oliva). Eso le permitiría retener a su gente».

En relación al tema asentamientos los funcionarios dijeron más o menos lo que se se escucha desde ámbitos oficiales: «No hay, porque además el régimen de visita no es tan simple. Es espaciado y fragmentado. No se han registrado asentamientos de familiares. Por lo menos es lo que surge de la experiencia de Güemes y Coronda, que está en plena construcción».
Claro que la afirmación fue contrastada con el relevamiento in situ en Güemes, Salta y en Coronda, Santa Fe (ver especialmente AUDIO GENDARME).

Dialogamos con uno de los integrantes de la comitiva que estuvo en Buenos Aires, el tribuno de cuentas, Cdor.
Javier Rodríguez. Esto nos decía…

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