Oliva. El Ministerio de Justicia de la Nación anunció que entre 2017 y 2019 construirá una cárcel federal –la primera para Córdoba– en la ciudad de Oliva, y el Presupuesto nacional del nuevo año contempla las partidas para darle inicio. Sin embargo, hay serias dudas de que se concrete.
La controversia planteada por sectores de la comunidad de Oliva que se oponen al proyecto y la definición del gobernador Juan Schiaretti respecto de que la Provincia no cedería los terrenos, si no hay consenso en la localidad, ponen entre signos de interrogación la concreción del anuncio.
El gobernador dijo días atrás que “si no hay consenso en la población, la cárcel se construirá en otra localidad”, aunque no precisó cuáles serían las opciones. El proyecto oficial establecía que la Nación se haría cargo de la inversión y la Provincia cedería los terrenos en el amplio campo estatal donde funciona el hospital de salud mental Emilio Vidal Abal, en las afueras de Oliva.
El intendente Oscar Tamis –que defiende la idea de la radicación– respondió a este diario que coincidía con el planteo de Schiaretti, aunque aclaró que se sigue “trabajando para lograr ese consenso”.
Tamis citó que la decisión depende de la Provincia, porque tiene que donar las tierras, “que aún no fueron cedidas a la Nación”. El convenio establece la cesión de 100 de las 230 hectáreas que la Provincia tiene en Oliva.
“La Nación, que ya eligió Oliva, está a la espera de esa decisión provincial para avanzar”, acotó Tamis. El municipio no tiene nada por resolver, aunque si se opusiera el proyecto se complicaría.
La Nación anunció que construirá la cárcel para presos de la Justicia federal en tres años, con una inversión que ronda los 1.200 millones de pesos. La unidad podría alojar hasta mil detenidos, en un predio a ocho kilómetros de la zona urbana de Oliva.
Tamis insistió en que apoya el proyecto por el movimiento económico que generarían la construcción y la creación de unos mil puestos de empleo estables.
Movilizados
Desde hace meses hay vecinos movilizados contra el proyecto, así como otros apoyan la idea.
Quienes lo rechazan han realizado marchas y promueven que se realice una consulta popular. Raquel Franco, de ese grupo, mostró a este diario las notas presentadas al municipio, la Provincia y la Nación, en las que plantean la preocupación respecto a esta radicación. Fundamentan que “se verían comprometidos aspectos humanos, sociales y morales de los vecinos de Oliva”, y que la ciudad “no está preparada para las demandas de infraestructura, vivienda, atención sanitaria, educación y cuidado del orden”.
Otro vecino, Damián Castro, graficó: “Juntamos 2.727 firmas para pedir la consulta popular. No tenemos recursos para certificar ante escribano el 1,5 por ciento del padrón que exige la ley, porque cuesta de 100 a 200 pesos por firma. Somos apartidarios. Proponemos que el pueblo decida. No se hicieron estudios socioambientales, ni de infraestructura disponible para abastecer a la cárcel”.
Susana Maritano, en tanto, apeló a que “se comprometa toda la sociedad para diseñar entre todos la ciudad que se quiere”.
El intendente Tamis sostiene, en cambio, que hay sectores sociales que apoyan la radicación y cuestionó que quienes lo rechazan representan a “una población conservadora, que hasta hace planteos estigmatizantes, porque dicen temer por la presencia o radicación de familiares de presos”.
“Oliva tiene en el hospital Vidal Abal un pabellón con 150 enviados por la Justicia, que no se pueden derivar a cárceles; ya convivimos con esa realidad”, señaló.
Mientras la controversia se mantiene y la fecha prevista para el inicio de obras se acerca, el Ministerio de Justicia nacional no dio respuesta a consultas de este diario sobre los pasos por dar.